En Panamá, la justicia condena a las personas a la privación de libertad, pero pareciera que el sistema penitenciario se ha arrogado una facultad que ninguna Constitución ni tribunal le ha concedido, someterlas a condiciones que ponen en peligro sus vidas.
La cárcel de Nueva Esperanza, en Colón, se ha convertido en el retrato más descarnado de un Estado que exige respeto a la ley mientras incumple sus obligaciones más elementales con quienes mantiene bajo su custodia.
El reciente reporte del fallecimiento de otra persona privada de libertad vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que las autoridades no pueden seguir despachando con comunicados burocráticos, explicaciones superficiales o el acostumbrado silencio institucional. Las circunstancias de esa muerte deben esclarecerse, sin anticipar conclusiones sobre sus causas.
Las denuncias de hacinamiento, deficiente alimentación, enfermedades, insuficiente atención médica y condiciones sanitarias deplorables describen una situación que exige una investigación independiente y respuestas inmediatas. No se trata de exigir privilegios para quienes están detenidos. Se trata de recordar que los derechos fundamentales no desaparecen cuando se atraviesa la puerta de una prisión.
El Estado tiene el monopolio legítimo de la custodia penitenciaria, pero esa potestad viene acompañada de una responsabilidad jurídica ineludible, y es, proteger la vida, la integridad física y la salud de cada persona que mantiene encerrada.
Resulta profundamente contradictorio que las autoridades invoquen permanentemente la seguridad ciudadana mientras las condiciones de seguridad humana dentro de sus propias cárceles continúan siendo objeto de graves cuestionamientos.
¿Dónde están los responsables del sistema penitenciario? ¿Dónde están las inspecciones sanitarias? ¿Dónde están los informes médicos, las investigaciones y las medidas correctivas? ¿Cuántas denuncias adicionales hacen falta para que alguien asuma la responsabilidad administrativa y hasta penal de lo que ocurre?
El caso de Gabriel Alveo, de 32 años, exige respuestas particularmente urgentes. Según lo denunciado por sus familiares y organizaciones de derechos humanos, habría ingresado al hospital con desnutrición severa, después de una demora de más de 48 horas en su traslado. Su fallecimiento no puede reducirse a una estadística penitenciaria. Es indispensable determinar qué ocurrió, quién debía actuar y si existieron omisiones que contribuyeron al desenlace.
Las cifras también resultan alarmantes. Organizaciones civiles han señalado que Nueva Esperanza, con capacidad para 1,322 personas, alberga aproximadamente 2,565. Casi el doble de su capacidad. ¿Cómo puede garantizarse una atención médica adecuada, una alimentación digna y condiciones sanitarias aceptables en semejante escenario?
Y mientras esto ocurre, los responsables parecen más preocupados por administrar la imagen institucional que por enfrentar las consecuencias de una crisis penitenciaria que lleva años acumulándose.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias tienen obligaciones concretas. No basta con visitar instalaciones, levantar informes o anunciar recomendaciones. Es necesario investigar las denuncias, corregir las deficiencias y establecer responsabilidades donde corresponda.
Una sociedad democrática no se mide únicamente por la manera en que trata a sus ciudadanos libres, sino también por la dignidad que garantiza a quienes ha privado de libertad.
Porque cuando una persona entra viva a una prisión bajo custodia del Estado y muere en circunstancias que suscitan denuncias de abandono, el país tiene derecho a exigir explicaciones. Y las autoridades tienen la obligación de proporcionarlas.
Nueva Esperanza no puede seguir siendo el nombre de una cárcel donde las familias temen que sus seres queridos pierdan hasta la esperanza de salir con vida.
La prisión es una pena establecida por la ley. La muerte por abandono, si se demuestra, sería una gravísima responsabilidad del Estado.