En Colón hubo 305 ciudadanos que decidieron respaldar con su firma la primera solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde Diógenes Galván. No alcanzamos las firmas necesarias. No conseguimos el objetivo. Pero tenemos algo que ninguna resolución electoral puede quitarnos. La conciencia tranquila.
Fuimos 305. Ni uno más ni uno menos entre las firmas validadas. Ciudadanos que, por convicción, inconformidad o simple ejercicio de un derecho político, decidimos dejar constancia de nuestra posición frente a la administración municipal.
Mientras algunos preferían observar desde la comodidad de sus casas, otros acudimos a ejercer un derecho. Y aunque el resultado fue insuficiente, nadie puede confundir la falta de firmas con la inexistencia de razones para exigir rendición de cuentas.
Ahora se habla de una segunda solicitud de revocatoria. Y vuelve a surgir una pregunta que merece una respuesta institucional. ¿Por qué concentrar la recolección de firmas en una sola sede del Tribunal Electoral, ubicada en calle 2, si el distrito de Colón comprende comunidades alejadas del centro de la ciudad?
Una democracia que reconoce mecanismos de participación ciudadana también debe procurar condiciones razonables para ejercerlos. Porque un derecho que existe en el papel, pero cuyo ejercicio encuentra obstáculos administrativos innecesarios, corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía.
No se trata de exigir privilegios ni de desconocer las reglas electorales. Se trata de preguntar si esas reglas permiten una participación verdaderamente accesible.
La revocatoria no es un capricho ni una sentencia anticipada contra ninguna autoridad. Es un mecanismo democrático mediante el cual los ciudadanos pueden promover una consulta sobre la continuidad de un funcionario elegido popularmente, conforme a los requisitos legales.
Y aquí está la diferencia fundamental. Una cosa es perder una iniciativa por no alcanzar las firmas y otra muy distinta es perder la dignidad de expresar lo que se piensa.
Los 305 no representamos necesariamente a todo Colón. Tampoco podemos atribuirnos la voluntad de quienes no firmaron. Pero sí podemos afirmar que ejercimos nuestro derecho sin escondernos detrás del anonimato ni esperar que otros asumieran una responsabilidad que considerábamos nuestra.
Hoy, cuando se plantea comenzar nuevamente, corresponde examinar las condiciones del procedimiento, exigir transparencia y reclamar que la participación ciudadana no dependa exclusivamente de la cercanía de una oficina electoral.
Que nadie confunda las cifras con las conciencias.
Fuimos 305. No alcanzamos la meta. Pero dimos la cara.
Y cuando llegue el momento de recordar quiénes ejercieron su derecho a exigir cuentas, habrá al menos 305 firmas que forman parte de esa historia.