LA VIOLENCIA CONTRA EL PERIODISMO TAMBIÉN SE EJERCE DESDE LOS DESPACHOS OFICIALES
La violencia contra los periodistas no comienza necesariamente con un disparo, una agresión física o un atentado contra su residencia. También se manifiesta mediante amenazas, intimidaciones, persecución laboral, presiones psicológicas y la utilización del poder público para castigar a quienes se niegan a someterse a determinados intereses.
Esa violencia es menos visible, pero no menos preocupante. No deja necesariamente heridas en el cuerpo, pero puede destruir reputaciones, comprometer empleos, quebrantar la tranquilidad familiar y convertir el ejercicio del periodismo independiente en una actividad sometida al miedo.
Y en Colón tenemos razones para exigir explicaciones.
No estamos hablando de simples rumores surgidos al calor de una disputa gremial. El 8 de octubre de 2025, La Estrella de Panamá publicó un pronunciamiento de una nómina de CONAPE Colón que expresaba preocupación por actuaciones atribuidas al gobernador Julio Hernández Gregoire y reclamaba respeto a la autonomía de la organización periodística.
Aquella controversia constituye un antecedente público que no debería ignorarse cuando hoy se discuten las distintas manifestaciones de violencia contra los comunicadores.
Hemos conocido señalamientos sobre presuntas intervenciones de quien ocupa la Gobernación de Colón en procesos electorales internos de organizaciones periodísticas. Según las versiones recibidas, el funcionario habría realizado llamadas y gestiones ante superiores jerárquicos de periodistas que laboran en instituciones estatales, procurando que fueran enviados a otros lugares precisamente el día de las votaciones.
¿La finalidad atribuida a semejantes gestiones? Impedir que esos periodistas ejercieran su derecho al sufragio en favor de una nómina contraria a sus preferencias.
Los relatos incluyen advertencias sobre posibles consecuencias para quienes no atendieran esas solicitudes.
De comprobarse, no estaríamos ante una simple intromisión gremial, sino frente a una utilización indebida de las relaciones de poder dentro de la administración pública para interferir en el ejercicio de derechos asociativos.
Según las versiones conocidas, las opciones respaldadas por el funcionario habrían sufrido dos derrotas electorales. Sin embargo, perder una elección no concede derecho alguno a perseguir a quienes votaron por otra propuesta.
También debe consignarse que, en septiembre de 2026, circularon declaraciones de periodistas colonenses que negaban la intervención del gobernador en las elecciones del Círculo de Periodistas de Colón. Esa posición forma parte de la controversia y merece ser considerada, sin que por sí sola descarte la necesidad de esclarecer los señalamientos.
Pero el asunto no termina en las urnas.
También hemos recibido información sobre presuntas gestiones para indisponer a determinados periodistas ante autoridades nominadoras, obstaculizando su eventual designación en instituciones públicas donde podían desempeñarse profesionalmente como relacionistas públicos o comunicadores institucionales.
Se habla de interlocutores, advertencias, presiones y amenazas de futuras represalias.
Estas denuncias deben ser verificadas. Pero su naturaleza obliga a formular una pregunta incómoda.
¿Desde cuándo la posibilidad de trabajar en una institución pública debe depender de la simpatía personal de un gobernador o de la disposición de un periodista a respaldar sus preferencias gremiales?
La función pública no es una finca privada. Los nombramientos deben responder a criterios legales, profesionales y administrativos, no a simpatías personales ni a disputas electorales.
La persecución laboral también puede constituir una forma de violencia psicológica. Pretender cerrar oportunidades de empleo, presionar a superiores o amenazar con consecuencias profesionales puede generar un efecto intimidatorio tan persistente como difícil de denunciar.
Y precisamente allí reside uno de los peligros más graves de estas prácticas. El periodista puede terminar enfrentado a una elección inaceptable, conservar su independencia o proteger su estabilidad económica.
No pretendemos comparar las consecuencias de estas conductas denunciadas con el atentado reportado recientemente contra la residencia de un periodista en la capital. Las circunstancias son distintas y cada caso requiere su propia investigación.
Sin embargo, existe un principio que no admite excepciones. Ninguna forma de intimidación contra el ejercicio libre del periodismo debe ser tolerada, provenga de particulares, estructuras criminales o personas investidas de autoridad pública.
La Constitución Política de Panamá reconoce la libertad de expresión en su artículo 37 y la libertad de asociación en su artículo 39. A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión, incluso frente a restricciones indirectas ejercidas mediante mecanismos de presión.
Por ello, las denuncias sobre interferencias gremiales, amenazas laborales y utilización de influencias institucionales no pueden despacharse como simples diferencias personales.
Corresponde determinar si existieron llamadas, instrucciones, solicitudes de traslado, presiones sobre superiores jerárquicos o intervenciones indebidas en procesos de nombramiento. Y corresponde escuchar también la versión del funcionario señalado.
Quien ejerce la Gobernación de Colón tiene la oportunidad y la responsabilidad institucional de aclarar públicamente estos cuestionamientos.
Porque el poder público no otorga licencia para convertir una derrota electoral en una disputa contra quienes ejercieron libremente su voto.
Tampoco autoriza a utilizar intermediarios para intimidar, indisponer o amenazar a periodistas que no comparten determinadas preferencias.
La defensa de la libertad de prensa exige coherencia. No basta condenar las agresiones físicas cuando simultáneamente se guarda silencio frente a denuncias de intimidación psicológica, persecución profesional o interferencia institucional.
La violencia contra el periodismo no siempre lleva un arma. A veces utiliza un teléfono, una llamada al superior jerárquico, una amenaza velada o la promesa de cerrar una oportunidad de trabajo.
Y cuando esas conductas se atribuyen a quienes ejercen autoridad, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas debe ser todavía mayor.
Porque la libertad de prensa no solamente se vulnera cuando se intenta callar a un periodista por la fuerza. También está amenazada cuando se pretende castigarlo por pensar, votar o actuar con independencia.
Ese es el debate que Colón no puede seguir postergando.
